La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/sep/2010.
http://www.laautenticadefensa.com.ar/noticias.php?sid=77475
Comunicarnos
Por Axel Cantlon*
Hace pocos días se conoció la noticia de que el Gobierno de Santa Cruz había manifestado su negativa a cumplir con una orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en la cual se había requerido al Gobernador de esa provincia, a restituir en el cargo al Procurador General en su cargo.
Corresponde aclarar que el Procurador fue removido, no por causas imputables a su desempeño sino por haber eliminado el cargo de Procurador General en esa provincia creando uno nuevo denominado "agente fiscal" en el cual designaron a otra persona.
Aquí es necesario explicar algunas cuestiones que son importantes para dimensionar la falta de respeto a las reglas del Estado de Derecho y a las instituciones que ejerció el Gobierno de Santa Cruz, desde la eliminación del cargo hasta el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La primer cuestión a relucir es que la eliminación del cargo no implica la eliminación de funciones; es decir que el cambio de nombre o denominación de un cargo, no significa que las funciones que antes ejercía ese cargo se dejen de realizar; todo lo contrario, las mismas funciones deberán ser realizadas por uno o más cargo según la reforma que se haya producido.
La segunda cuestión a tener en cuenta, es que los jueces o cargos asimilados (como el del Procurador General depuesto de Santa Cruz) gozan de inamovilidad, lo que significa que no pueden ser quitados de su cargo si no es por las causas y el procedimiento que la Constitución de Santa Cruz determine en esos casos; cualquier otra forma de remoción de jueces estaría afectando el carácter de inamovilidad de los jueces. Por lo expuesto, la eliminación del cargo que antes existía no es un procedimiento válido para deponer del cargo que ostentaba el Procurador General, y por lo tanto, debería haber sido ubicado en el cargo donde se transfirieron las funciones que antes desempeñaba la Procuración General.
La tercera cuestión es que habría quedado claramente demostrado que la Provincia de Santa Cruz, utilizó la reforma arbitrariamente para alejar de las funciones a quien ejercía el cargo de Procurador General; ya que -en el nuevo cargo con funciones similares- se designó a otra persona.
Lo más importante, es que el Procurador General, no contento con la decisión política tomada por el Gobierno de Santa Cruz, inició un proceso legal que llevó varios años en la justicia pretendiendo que se lo reponga en el cargo que ostentaba, más allá del nombre o denominación que la provincia quiera darle.
Ese proceso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, órgano máximo del Poder Judicial, cuyos fallos representan el valor justicia en nuestra República, en virtud de la división de poderes; quien determinó que el Gobierno de Santa Cruz debería reponer en su cargo al Procurador General, quien gozaba del privilegio de inamovilidad de los jueces. Cabe agregar acá, que el principio de inamovilidad de los jueces es fundamental para la división de poderes y el Estado de Derecho, y su fundamento se basa en otorgarle garantía a los jueces o cargos similares para emitir sus pronunciamientos sin presiones del poder político de turno; ya que no podrán removerlos sin una causa que lo justifique.
Teniendo en cuenta lo expuesto, lo realizado por el Gobierno de Santa Cruz demuestra su falta de respeto a las instituciones que dieron base a nuestra República , a la propia Constitución Nacional; al principio de la división de poderes, y a la garantía de la inamovilidad de los jueces.
El fundamento que el Gobierno provincial, junto al Gobierno Nacional de Kirchner emiten respecto a este caso, es que el fallo judicial es de imposible cumplimiento porque existe una nueva persona designada en el cargo que antes ocupaba el Procurador General.
A mi entender, no es posible sostener esa posición para evitar cumplir con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; porque aplicando el sentido común; si bien el fallo de la Corte lo resolvió luego de unos años de sucedido el hecho; no caben dudas que la decisión de la Corte es retroactiva a la fecha en que se removió al Procurador; por lo tanto, quien detenta actualmente el cargo en debate, gozaría de una designación viciada por la falta de respeto a principios y garantías del Estado de Derecho. Para mayor claridad, es necesario considerar que el nuevo cargo aprobado por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, ha sido tomada en conjunto con graves violaciones a nuestra Constitución Nacional con respecto a la remoción del Procurador General, por lo que la relación entre ambas impide darle, al segundo nombramiento, el tratamiento que pretende el Gobierno Nacional.
La maniobra política que el Gobierno de Santa Cruz y el Gobierno Nacional estarían llevando adelante para impedir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de la Nación, demuestra el grado de inseguridad jurídica que vive nuestro país, no sólo en los ámbitos civiles, comerciales o empresariales, sino ahora en el seno del Poder Político de nuestro país, lo cual debe llamarnos a la reflexión respecto al país que pretendemos, de cara al año que viene en donde se renuevan las autoridades nacionales, provinciales y municipales.
*Presidente del Comité UCR Campana
