Por Axel Cantlon
Esta semana hubo una fuerte repercusión en la política nacional, en virtud de la resistencia que se produjo desde la conducción del Banco Central de la República Argentina al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010 que disponía la utilización de más de 6.500 millones de dólares para el pago de vencimientos de deuda con organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial y similares) o con tenedores privados de títulos de deuda argentina.
Con relación a este tema, se produjo un conflicto institucional entre la Presidente de la Nación y el Presidente del Banco Central, y es necesario analizar distintos aspectos que están involucrados como por ejemplo:
a) ¿Es posible utilizar las reservas con un Decreto de Necesidad y Urgencia?¿El Banco Central es un organismo autárquico o dependiente del Poder Ejecutivo Nacional?
b) ¿Las deudas no se iban a pagar?
c) ¿La medida tiene un fin económico o político?
Antes que nada, es necesario aclarar que la función principal del Banco Central es manejar y regular "la moneda" del país, más técnicamente hablando, su política monetaria. Y ese manejo y control lo realiza con las denominadas "reservas" que constituyen el respaldo del valor del dinero en manos de los argentinos.
Para que el valor del dinero circulante esté protegido y el peso "se mantenga fuerte", el volumen de reservas del Banco Central debe ser similar al volumen del dinero existente en el país. Es decir, que si esa relación no se mantiene equilibrada, o si el país comienza a emitir monedas sin respaldo, podría sufrir aún más inflación, y la devaluación del peso.
Las reservas hasta ayer, rondan los 48 mil millones de dólares, aunque las existentes en efectivo suman sólo 18 mil millones de dólares y el resto están constituidas por títulos).
a) Con relación a la forma en que fue decidida la medida, todas las opiniones han sido contundentes, en el sentido de que resulta imposible utilizar las reservas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Los constitucionalistas han sido claros cuando manifestaron que en virtud de las leyes dictadas por el país, el Banco Central es un organismo autárquico, es decir, independiente del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, me remito a lo manifestado por el Presidente de la UCR quien recordó que el pago de la deuda con reservas "salió por un decreto de necesidad y urgencia, cuando esto necesita una ley formal"; es decir, una ley del Congreso Nacional. Por su parte, el Diputado Nacional, Alfonso Prat Gay fue contundente cuando dijo: "El decreto es inconstitucional, porque afecta la independencia de poderes. La facultad de regular el dinero es del Congreso, que lo delega en un ente con autonomía. En este caso el Ejecutivo, a través del DNU, se apropia de facultades constitucionales del poder Legislativo".
Las normas que regulan el Banco Central disponen que para la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera -que incluye el manejo de las reservas-, el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo.
En otra parte, se expresa que el Banco Central no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar el ejercicio de sus facultades sin autorización expresa del Congreso de la Nación.
b) El DNU Nº 2010 establece que el Fondo del Bicentenario será destinado al pago de las deudas con organismos multilaterales y las deudas de tenedores privados; pero no se especifica nada respecto de éstos últimos.
Asimismo, es importante destacar que el Presupuesto Nacional ya preveía entre sus partidas, el destino de los montos necesarios para la cancelación de las deudas de éstos organismos y tenedores privados con el dinero que se pronostica recaudar. Es decir, se estaba intentando cancelar el pago de vencimientos de deuda con fondos distintos a los previstos por el Poder Ejecutivo Nacional unos meses antes.
c) Sin duda, la medida tiene un impacto económico, que dejo a los especialistas para opinar sobre la misma, sin embargo, el partido radical -en palabras del Diputado Nacional Ricardo Gil Lavedra- ha dejado claro el transfondo político de la medida.
Como se explicó anteriormente, el pago de las deudas con vencimiento de este año estaban previstas ser canceladas con ingresos de este año, según consta en el Presupuesto Nacional; entonces la decisión que está tratando de imponer el oficialismo no es otra que utilizar otros fondos -en este caso las reservas federales-, pudiendo de esa manera "desafectar" los fondos destinados en el Presupuesto Nacional al pago de éstas deudas, y poder utilizarlo discrecionalmente -sin ningún control de otro poder del Estado-, mediante los superpoderes que mantienen desde el año 2003.
Esta decisión política, está destinada a continuar con la cooptación de dirigentes nacionales, provinciales y locales con el destino de fondos directamente desde el Gobierno Nacional.
En definitiva, el problema institucional que existió por las diferentes posiciones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Presidente del Banco Central, terminó con distintos anuncios de renuncia, despido, y vuelta al cargo de éste último; lo cual demuestra el ímpetu de este Gobierno Nacional en cumplir con sus "mandatos", sin importarle si la misma se ajusta a las reglas del juego, es decir, a las normas constitucionales y leyes nacionales que rigen el caso.
Lo difícil para la República, es que - a pesar de la última derrota del kirchnerismo-, éste sector no piensa en resolver los problemas con la nueva mayoría que componen distintos partidos políticos de la oposición; y que pretende resistir aumentando el gasto público para los empresarios amigos del Gobierno y para "atar" voluntades de Gobernadores, Intendentes y demás dirigentes.
Por último, es difícil entender como este Gobierno que se postula como el máximo impulsor de la distribución de la riqueza, prioriza el pago a organismos multilaterales de crédito y tenedores privados en forma anticipada.
Esta semana hubo una fuerte repercusión en la política nacional, en virtud de la resistencia que se produjo desde la conducción del Banco Central de la República Argentina al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010 que disponía la utilización de más de 6.500 millones de dólares para el pago de vencimientos de deuda con organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial y similares) o con tenedores privados de títulos de deuda argentina.
Con relación a este tema, se produjo un conflicto institucional entre la Presidente de la Nación y el Presidente del Banco Central, y es necesario analizar distintos aspectos que están involucrados como por ejemplo:
a) ¿Es posible utilizar las reservas con un Decreto de Necesidad y Urgencia?¿El Banco Central es un organismo autárquico o dependiente del Poder Ejecutivo Nacional?
b) ¿Las deudas no se iban a pagar?
c) ¿La medida tiene un fin económico o político?
Antes que nada, es necesario aclarar que la función principal del Banco Central es manejar y regular "la moneda" del país, más técnicamente hablando, su política monetaria. Y ese manejo y control lo realiza con las denominadas "reservas" que constituyen el respaldo del valor del dinero en manos de los argentinos.
Para que el valor del dinero circulante esté protegido y el peso "se mantenga fuerte", el volumen de reservas del Banco Central debe ser similar al volumen del dinero existente en el país. Es decir, que si esa relación no se mantiene equilibrada, o si el país comienza a emitir monedas sin respaldo, podría sufrir aún más inflación, y la devaluación del peso.
Las reservas hasta ayer, rondan los 48 mil millones de dólares, aunque las existentes en efectivo suman sólo 18 mil millones de dólares y el resto están constituidas por títulos).
a) Con relación a la forma en que fue decidida la medida, todas las opiniones han sido contundentes, en el sentido de que resulta imposible utilizar las reservas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Los constitucionalistas han sido claros cuando manifestaron que en virtud de las leyes dictadas por el país, el Banco Central es un organismo autárquico, es decir, independiente del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, me remito a lo manifestado por el Presidente de la UCR quien recordó que el pago de la deuda con reservas "salió por un decreto de necesidad y urgencia, cuando esto necesita una ley formal"; es decir, una ley del Congreso Nacional. Por su parte, el Diputado Nacional, Alfonso Prat Gay fue contundente cuando dijo: "El decreto es inconstitucional, porque afecta la independencia de poderes. La facultad de regular el dinero es del Congreso, que lo delega en un ente con autonomía. En este caso el Ejecutivo, a través del DNU, se apropia de facultades constitucionales del poder Legislativo".
Las normas que regulan el Banco Central disponen que para la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera -que incluye el manejo de las reservas-, el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo.
En otra parte, se expresa que el Banco Central no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar el ejercicio de sus facultades sin autorización expresa del Congreso de la Nación.
b) El DNU Nº 2010 establece que el Fondo del Bicentenario será destinado al pago de las deudas con organismos multilaterales y las deudas de tenedores privados; pero no se especifica nada respecto de éstos últimos.
Asimismo, es importante destacar que el Presupuesto Nacional ya preveía entre sus partidas, el destino de los montos necesarios para la cancelación de las deudas de éstos organismos y tenedores privados con el dinero que se pronostica recaudar. Es decir, se estaba intentando cancelar el pago de vencimientos de deuda con fondos distintos a los previstos por el Poder Ejecutivo Nacional unos meses antes.
c) Sin duda, la medida tiene un impacto económico, que dejo a los especialistas para opinar sobre la misma, sin embargo, el partido radical -en palabras del Diputado Nacional Ricardo Gil Lavedra- ha dejado claro el transfondo político de la medida.
Como se explicó anteriormente, el pago de las deudas con vencimiento de este año estaban previstas ser canceladas con ingresos de este año, según consta en el Presupuesto Nacional; entonces la decisión que está tratando de imponer el oficialismo no es otra que utilizar otros fondos -en este caso las reservas federales-, pudiendo de esa manera "desafectar" los fondos destinados en el Presupuesto Nacional al pago de éstas deudas, y poder utilizarlo discrecionalmente -sin ningún control de otro poder del Estado-, mediante los superpoderes que mantienen desde el año 2003.
Esta decisión política, está destinada a continuar con la cooptación de dirigentes nacionales, provinciales y locales con el destino de fondos directamente desde el Gobierno Nacional.
En definitiva, el problema institucional que existió por las diferentes posiciones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Presidente del Banco Central, terminó con distintos anuncios de renuncia, despido, y vuelta al cargo de éste último; lo cual demuestra el ímpetu de este Gobierno Nacional en cumplir con sus "mandatos", sin importarle si la misma se ajusta a las reglas del juego, es decir, a las normas constitucionales y leyes nacionales que rigen el caso.
Lo difícil para la República, es que - a pesar de la última derrota del kirchnerismo-, éste sector no piensa en resolver los problemas con la nueva mayoría que componen distintos partidos políticos de la oposición; y que pretende resistir aumentando el gasto público para los empresarios amigos del Gobierno y para "atar" voluntades de Gobernadores, Intendentes y demás dirigentes.
Por último, es difícil entender como este Gobierno que se postula como el máximo impulsor de la distribución de la riqueza, prioriza el pago a organismos multilaterales de crédito y tenedores privados en forma anticipada.
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